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El gerente de Salud Pública y Drogodependencias
del Ayuntamiento, José Manuel Torrecilla, explicó esa medida
diciendo que "lo que queremos es que los médicos y sólo los
médicos tengan opción a ver el historial médico de la paciente que están
atendiendo, de modo que si ven que recurre con excesiva frecuencia a este método
puedan ponerle un tratamiento de contracepción adecuado".
Para ello el
Ayuntamiento de Madrid interconectará informáticamente sus 14 centros de
salud para que los médicos que deben recetar la llamada píldora "del día
después" sepan si sus pacientes recurren a este fármaco "con excesiva
frecuencia", ante el riesgo que eso puede suponer para la salud.
El Gerente aseguro que
"lo que se va a hacer no es en modo alguno un registro sino exclusivamente
facilitar a los médicos una información a la que sólo van a acceder ellos con
fines asistenciales".
Recordó además que la píldora anticonceptiva postcoital, que está en las
farmacias desde mayo de 2001 y que tiene que ser prescrita por un médico, "se
debe tomar como algo de urgencia, de excepción" y "nunca como un método
anticonceptivo", porque su uso repetido "puede producir trastornos de
salud serios".
Un registro sin consentimiento es contrario a la ley, dice la
CLI
Las explicaciones del
Gerente de Salud Pública y Drogodependencias del Ayuntamiento de
la capital de España no han satisfecho de ninguna manera a aquellas
organizaciones cívicas que levantaron su voz de protesta en el mismo momento en
que llegaron los primeros rumores sobre este posible "archivo centralizado".
La Asociación Madrileña de Planificación Familiar
se
mostró
muy
critica
con
esta
decisión,
explicando
que
esta iniciativa 'resuelve
poco y tiene un efecto disuasorio, cuando lo que hay que hacer es ir al fondo,
mejorando la información y el acceso a métodos anticonceptivos'. Si las jóvenes
acuden a centros diferentes pidiendo que se prescriba la píldora de urgencia 'es
porque no tienen recursos de confianza donde decir la verdad', añadieron.
Por su parte la Comisión de Libertades e Informática “CLI”
denunciaó que este nuevo registro vulnera el derecho fundamental a la
protección de datos de carácter personal reconocido, entre otros textos, en la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en la Sentencia del
Tribunal Constitucional 292/2000.
El derecho a la protección de datos faculta a la persona a
decidir quien trata sus datos, quienes acceden a ellos y como será dicho
tratamiento. "Dicho registro centralizado de mujeres que toman la píldora del
día siguiente vulnera su derecho a la intimidad así como al de su autonomía y
libertad. Todo individuo tiene derecho a decidir sobre su persona y también
sobre sus datos personales", señalan en un comunicado.
"Pensamos que la creación de un registro sobre algo tan
íntimo e importante como es si una mujer toma o no una píldora, por motivos de
urgencia, va contra los principios establecidos por el Tribunal Constitucional"
añaden, a la vez que exigen que " la Agencia de Protección de Datos
extreme sus medidas inspectoras para que los datos tratados tengan las medidas
de seguridad necesarias y no puedan ser utilizados para fines distintos, ni
puedan acceder a ellos personas no autorizadas".
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